Por DÉBORA REY Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino aprobó el viernes una reforma del Código Penal impulsada por el presidente Javier Milei que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como el homicidio, su medida más defendida en materia de seguridad ante una sociedad conmocionada desde hace unos años por la violencia de los delincuentes juveniles.
La iniciativa, que había obtenida media sanción de la Cámara de Diputados el 3 de febrero, se convirtió en ley con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención tras casi siete horas de debate.
En su artículo más sensible, la norma establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para los menores que cometan asesinatos u otros delitos graves como abuso sexual y secuestro.
De esta forma, Argentina se pone en sintonía con la mayoría de los países de la región que fijan entre los 12 y los 14 años el límite de reponsabilidad penal. Cuba mantiene la edad más alta a partir de los 16 años.
Otra victoria de Milei
Incentivado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre —que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso—, sumado al apoyo de fuerzas aliadas, Milei obtuvo un nuevo aval del Congreso a su programa de gobierno, en una seguidilla que incluyó la aprobación del presupuesto nacional 2026, la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea y la inminenta sanción de una reforma laboral.
«Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz», comentó Milei sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplazará al de 1980.
La norma estipula que una vez que el adolescente condenado cumple dos tercios de la pena máxima, el tribunal podrá disponer una flexiblización de las condiciones de detención.
También establece que, en los casos de delitos que contemplen penas de 3 a 10 años de prisión que no incluyan muerte o lesiones graves físicas o psíquicas sobre las personas, se podría aplicar una serie de castigos antes de llegar a la privación de la libertad, como amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima; prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.
Contempla también la celeridad procesal, el carácter reservado del proceso, la privación de la libertad solo por causas fundadas y ante la existencia de riesgos procesales, la prohibición de alojamiento junto a personas mayores de edad y la tutela de instituciones especializadas.
Una reforma sensible
El debate tuvo lugar en momentos en que varios casos de asesinatos atribuidos a adolescentes han conmocionado a la sociedad. La inseguridad figura entre las principales preocupaciones de los argentinos junto a la inflación, el desempleo y la corrupción.
Expertos en seguridad venían alertando sobre la práctica cada vez más extendida de organizaciones criminales, en particular las ligadas al narcotráfico, de recurrir a menores de 16 años como mano de obra barata para cometer delitos.
En 2024, Bruno Bussanich, empleado en una gasolinera, fue asesinado por un menor de 15 años en una ola de ataques narco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado de más de 20 puñaladas por tres menores en diciembre en ese mismo distrito. El crímen fue difundido por sus redes sociales.
«El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Ustedes quieren que los ciudadanos sigan siendo de segunda ante delincuentes a los que Argentina le sigue dando derechos sin importar la edad que tienen? Esta ley está del lado de los ciudadanos», expresó la senadora Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista La Libertad Avanza. «Matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para un adulto».
En contraste, organizaciones como Amnistía Internacional y Unicef expresaron sus reparos al nuevo régimen penal juvenil.
«El máximo de 15 años (de pena) es considerablemente superior al promedio regional», advirtió UNICEF. «Parecería, conforme a la evidencia al respecto, que no es el tiempo más conducente a la resocialización. Y, además, choca con los estándares internacionales, que piden que la privación de libertad sea excepcional y por el período más breve posible».
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que «bajar la imputabilidad no previene violencia».
«La previenen políticas integrales de protección educación, deporte, cultura, salud mental y trabajo con familias y comunidad. Cuando hay oportunidades, cambia la historia. No a la baja de imputabilidad. Sí a políticas de cuidado», expresó en su cuenta de X.
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La corresponsal en Buenos Aires, Almudena Calatrava, contribuyó con este reporte.
