Este jueves 140 organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas sociales de Venezuela y otros países se pronunciaron para rechazar los procedimientos policiales y judiciales en el caso de los 33 de Carabobo.
En un comunicado conjunto publicado el portal web de la Fundación Mavid, repudiaron que la detención de los 33 hombres gays/bisexuales el pasado domingo 23 de julio en un sauna de Valencia y catalogaron las medidas tomadas por los funcionarios como “el escalamiento del a política de homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contras las personas LGBTIQ+”.
“El lunes 24 de julio la policía no les garantizó la protección de la privacidad, identidad e integridad a los 33 detenidos, puesto que les sometieron al escarnio público por ser homosexuales, mostraron públicamente sus rostros, nombres y apellidos, cédulas de identidad, fotografías, celulares y condones, informaron que uno de los detenidos tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que algunos teléfonos personales mostraban contenido sexual, como pruebas del supuesto delito cometido, lo que fue difundido por redes sociales de varios medios de comunicación y periodistas (…) Estos hechos ocasionaron críticas, discriminación, estigma y señalamientos públicos que dañaron de manera irreversible la dignidad de estas personas y sus familiares”, continuaron en el pronunciamiento.
Aproximadamente a las 10 de la noche del miércoles 26 de julio, Marialba Villareal, jueza del Palacio de Justicia de la entidad, admitió las tres imputaciones solicitadas por el Ministerio Público de Carabobo: ultraje al pudor público, agavillamiento y contaminación sónica.
Al respecto, los organizaciones destacaron en el documento que “un grupo de personas adultas mayores de edad con el consentimiento de las partes que se reúnan en un lugar privado, de manera privada con fines lícitos, de expansión e incluso sexuales, donde no se evidencie el ofrecimiento de material grabado de forma pública y a la venta, no constituye delito alguno, por lo tanto no se considera ultraje al pudor ni tampoco agavillamiento”.
Asimismo, alertaron que “las detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Venezuela, motivadas por la orientación sexual, se pudieran convertir en un patrón criminalizador de la población LGBTIQ+, que contradice lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la Nación en el sistema internacional de derechos humanos”.
Finalmente las organizaciones detallaron en 6 puntos los motivos del pronunciamiento:
1.- Expresar solidaridad a los 33 hombres detenidos quienes deben estar con libertad plena, puesto que no cometieron ningún delito y extender esta solidaridad a familiares y amigos de las víctimas.
2.- Exigir al Estado venezolano garantice la protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres gays/bisexuales detenidos, así como el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso.
3.- Exigir al Estado venezolano garantice el artículo 332 de la Constitución venezolana (CRBV) que establece que los cuerpos de seguridad ciudadana deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación.
4.- Exigir al Estado venezolano cese a la HOMOFOBIA DE ESTADO, a la criminalización, hostigamiento y extorsión a personas LGBTIQ+ de Venezuela.
5.- Solicitar a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas y organismos competentes activen los mecanismos de protección y seguridad a las personas LGBTIQ+.
6.- Respaldamos el pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas sobre el caso de los 33 detenidos, donde exhortan a sus miembros a “observar el Código de Ética del Periodista” que considera como “mala praxis profesional el sensacionalismo, el trato indigno, la violación del derecho al honor, entre otros”, además que “replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los DDHH. Un periodista ético evita emitir opinión ni prejuzgar los hechos que reporta”.
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