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viernes, mayo 3, 2024
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MAS en Carabobo rechaza decisión judicial contra seis dirigentes sindicales

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(Marlene Piña Acosta) .- El secretario general del MAS en Carabobo, Melvis Humbría, señaló  que esta organización rechaza  la decisión judicial contra seis dirigentes sindicales en Venezuela, cuya medida califica de aberrante e injusta.

“La condena a 16 años de prisión para los dirigentes sindicales Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez, Alfonso Meléndez, Alcides Bracho, Gabriel Blanco y Emilio Negrín merece el calificativo de aberrante,  y la misma debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país. Esta sentencia pone en evidencia que estamos en presencia de un sistema penal que no tiene autonomía e independencia, y cuyas actuaciones responde a los designios del gobierno”, señaló el dirigente masista en declaraciones por escrito. .

Sostuvo que es inconcebible que por el solo hecho de participar y dirigir protestas exigiendo beneficios para sus agremiados, los sindicalistas sean condenados de una manera injusta.

Como se recordará,  la detención de estos venezolanos se produce en el año 2022 en el marco de las protestas adelantadas por los trabajadores en la búsqueda de mejores y mayores reivindicaciones, en ese momento se produce un movimiento nacional de los trabajadores de la administración pública central y descentralizada en contra del llamado instructivo ONAPRE,  que de acuerdo a las denuncias presentadas, despojaban de múltiples beneficios a quienes más han soportado sobre sus hombros la peor crisis económica del país.

“Precisamente en momentos en que se adelantan reuniones entre representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y representantes del gobierno nacional se produce esta condena que a todas luces es violatoria de los convenios internacionales suscritos por el país. Qué explicación tiene quienes detentan el poder por esta acción en la cual no solo se afecta a los detenidos sino también a sus familiares más cercanos”, recalcó Melvis Humbría.

Además,  señaló que nuevamente el gobierno venezolano se equivoca si pretende que con la criminalización de la protesta se puede intimidar y amenazar al movimiento sindical.

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