El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este lunes una serie de actualizaciones de casos vinculados a la violencia postelectoral ocurrida en todo el territorio nacional. Asimismo, rechazó la identificación como «presos políticos» que ciertos sectores de la población atribuyen a los criminales responsables por dichos actos violentos. «No son presos políticos los que asesinaron, los que quemaron a inocentes», denunció el titular del máximo ente penal.

En primera instancia, identificó a Reyner José Márquez Velásquez como el responsable del asesinato del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, José Antonio Torres Blanca, quien falleció el pasado 29 de julio en Maracay, estado Aragua, por un disparo en el cuello. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Yeduil Chemistel, quien permanece en fuga.

Respecto al homicidio de Mayauri Silva, en Turmeto, estado Aragua, identificó a Fernando Bernacio Martínez como autor intelectual del crimen, quien pagó a Yoslei de Lourdes Ramírez, Yohan Enrique Rodríguez y Reyfer Eduardo Seijas para asesinar a la integrante de Unidad de Batalla Hugo Chávez. Rodríguez permanece en fuga con orden de captura, mientras que un quinto involucrado fue abatido al enfrentarse a una comisión policial.

Seguidamente, en relación al asalto a la Radio Comunitaria Venceremos en Carora, estado Lara; 14 personas fueron detenidas mientras que 19 órdenes de aprehensión se encuentran por materializar. En medio de esta ofensiva terrorista, los comunicadores Raúl Castejón y Dani Pereira resultaron heridos por los «comanditos», quienes testificaron ante el ente penal. A los implicados se les incautaron bombas molotov, botellas con contenido de combustible y armas blancas.

Los responsables del ataque al medio comunitario incluyen a Israel Crespo, Jenny Barrios, José Timaure, Luis Gallardo, Carlos Camacaro, Klai Bástidas, Jonny Carrasco, José Camacaro, Dannys Rodríguez, Eury Ramos, José Perez, Mariluz Sánchez, Aybeth Navas y Alexis Belis. A todos ellos se les imputó por los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad, lesiones graves y posesión de objetos incendiarios.

Por último, en relación al robo e incendio de una grúa de Transbarca en Barquisimeto, estado Lara; además de atacar a funcionarios de la GNB, se detuvo a cuatro adultos y tres adolescentes, quienes ostentaban bombas incendiarias. Entre los adultos figuran Yarkanel López, José Sánchez, Luis Sivira y Danny Marrufo, quienes fueron imputados por los mismos crímenes que los implicados en el ataque contra la radioemisora de Carora.(VTV) 

El Ejecutivo Nacional a través del Sistema Patria comenzó la entrega de los bonos y programas de protección social correspondientes al mes de diciembre. 

La información se dio a conocer a través del Canal Patria Digital en la red social Telegram en la que señala que para este mes los montos están actualizados. 

Asimismo, la asignación se realiza de forma directa y gradual a los beneficiarios que recibirán la notificación a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 o la aplicación veMonedero.

En ese sentido, los bonos que están disponibles son: 

• Parto Humanizado, destinado a embarazadas  y Lactancia Materna, para mujeres que recientemente han dado a luz y cuyos bebés tienen menos de un año. Ambos programas otorgan un apoyo de 282 bolívares.
• Bono José Gregorio Hernández, dirigido a personas con discapacidad, que ofrece un monto de 211,50  bolívares.
• Economía Familiar y 100% escolaridad  de 14,00 bolívares.
• Bono Hogares de la Patria, cuya cantidad varía en función del número de integrantes del núcleo familiar. De acuerdo a la cantidad de miembros, los montos asignados son los siguientes:

2 integrantes: 141 bolívares.

3 integrantes: 211,50 bolívares.

4 integrantes: 282 bolívares.

5 integrantes: 352,50 bolívares.

6 o más integrantes: 423 bolívares.

Cómo acceder a los bonos de la patria

Para activar los bonos, los beneficiarios deben verificar su registro en  la plataforma y asegurarse de tener sus datos personales y de contacto actualizados.

1. Actualizar y completar el ciclo de encuestas en la plataforma Patria.
2. Esperar el mensaje del número 3532 o 67373, que notifica sobre la condición de beneficiario del bono.
3. Iniciar sesión en la plataforma Patria.
4. Localizar ‘monedero’ y luego seleccionar ‘retiro de fondos’.
5. Elegir el monedero de origen, especificar el monto y el destino de los fondos.
6. Presionar el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
7. Verificar el traspaso de fondos en la cuenta registrada del Sistema Patria

El economista, José Antonio Medina, mencionó que los pagos en cuotas han sido una estrategia en Venezuela que les han permitido a las personas adquirir bienes y servicios porque de otra manera serían inaccesibles y comercios ante la disparidad cambiaria.

Aclaró en una entrevista para el espacio Gladys en Éxitos, que esta opción es sin intereses porque da la facilidad de cancelar una inicial, y luego financiar hasta 3 cuotas de lo adquirido.«El crédito en Venezuela el total sigue representando menos de 2% del producto interno bruto», indicó.Cabe destacar, Cashea empezó a ganar popularidad en el último trimestre de 2023. La empresa implementó un modelo de negocios que consiste en un pago inicial y tres cuotas del mismo monto sin intereses que se deben abonar cada 14 días.

Cada usuario comenzará en el nivel 1, por lo que deberá efectuar un pago inicial correspondiente al 60 % del monto total de la compra.“La persona deberá pagar el monto inicial (aproximadamente 60 % o lo que indique de acuerdo con la línea de crédito del usuario) y el resto en una sola cuota mensual sin abonos adicionales 14 días después de la compra.” La alternativa de esta aplicación garantiza el beneficio, llamado Línea cotidiana, hará que los usuarios puedan financiar alimentos y medicamentos bajo un pago fraccionado.

Cashea posee una red de más de 300 tiendas aliadas en todo el territorio nacional. En el caso del pago de cuotas pendientes, los clientes tienen la opción de pagarlas en el establecimiento comercial utilizando cualquier medio de pago. La deuda también se puede cancelar utilizando únicamente la aplicación.

En caso de retraso, la cuenta queda en pausa. La tarifa de reactivación es de 4 dólares y, además, el usuario debe pagar la cuota vencida.

 (AP) — El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, afirmó el lunes que las autoridades venezolanas tienen aún pendiente la aplicación de leyes y medidas concretas para proteger los derechos humanos y resaltó que las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017 «siguen en marcha».

En su discurso con motivo de la reunión anual de los países miembros de la CPI en La Haya, Khan indicó que monitorea de forma activa los acontecimientos actuales, incluidas acusaciones tras las controversiales elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela en las que el presidente Nicolás Maduro y la oposición se adjudican la victoria.

El fiscal de la CPI recordó que en su visita al país sudamericano en abril enfatizó a las autoridades venezolanas «la necesidad de ver un impulso y un programa real» en materia de protección de derechos humanos.

Mientras que después de las elecciones presidenciales «insistí en mis comunicaciones con Venezuela» y «en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos humanos de civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente», acotó.

A raíz de las manifestaciones más de 2.400 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo, de ellos 1.903 permanecen detenidos, según el grupo local de derechos humanos Foro Penal. Unos 42 de los arrestados son adolescentes. En meses recientes, al menos 86 menores de edad fueron liberados, indicó Foro Penal.

La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.

Khan anunció a fines de 2021 que abriría una investigación tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, la investigación a gran escala quedó temporalmente en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. En marzo la CPI desestimó los recursos presentados por el gobierno de Maduro contra la apertura de su investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas bajo el mandato de Maduro durante la represión de protestas antigubernamentales en 2017.

El fiscal ha destacado que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017, y Venezuela no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.

LA CPI y Venezuela suscribieron en junio del año pasado un memorando de entendimiento en el que acordaron la apertura expedita de una oficina de ese organismo internacional en Venezuela, que apuntaba a facilitar las investigaciones y permitir a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país.

Violación de derechos de Henrique Capriles

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado de Venezuela por la violación de derechos políticos del excandidato presidencial Henrique Capriles durante las elecciones de 2013.

Según comunicó la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, durante este proceso se determinó que se violentaron los derechos a libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Capriles, al tiempo que el aparato estatal favoreció la candidatura de Nicolás Maduro. Eso, a juicio del organismo, representa una vulneración grave a los principios democráticos.

Capriles, un joven abogado, utilizó su carisma y estilo no confrontativo para ganar el apoyo de millones y convertirse en una amenaza electoral para el ya fallecido presidente Hugo Chávez en 2012.

Capriles perdería esa elección, y otra al año siguiente tras la muerte de Chávez, ante el actual presidente Nicolás Maduro. Fue durante esa segunda contienda en 2013 que el tribunal dictaminó el lunes que el gobierno violó los derechos de Capriles y favoreció a Maduro.

En 2017, el gobierno de Maduro le prohibió a Capriles volver a postularse durante 15 años.

De acuerdo con la Corte Interamericana, Maduro fue habilitado como candidato sin haber renunciado a su posición como «presidente encargado» y finalmente fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con un 50,61% de los votos, mientras que a Capriles se le acreditó una votación del 49,12%.

En su cuenta de X, Capriles escribió que «»11 años después (la Justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita) obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección del año 2013 ante la CorteIDH».

Johan León, director general de la ONG Azul Positivo, aseguró que los pacientes con VIH en el país viven una incertidumbre con respecto al suministro continuo de medicamentos antirretrovirales.

Durante una entrevista este lunes en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, León recordó que desde el 2016 el Estado venezolano no compra los fármacos, por lo que se depende exclusivamente de las donaciones gestionadas por el Fondo Global y distribuidas a través de las farmacias estatales.

«Anteriormente, había una partida para la compra de los medicamentos, lo que, de alguna manera, garantiza que se adquieren con tiempo», explicó.

Sin embargo, en los últimos meses, a pesar de que Onusida aseveró que el suministro está garantizado para los próximos años gracias a las inversiones del Fondo Global, persisten los temores.León subrayó que la medicación debe tomarse diariamente y a la misma hora para garantizar su efectividad.

Cifras en aumento

El director general de Azul Positivo advirtió que el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) continúa siendo un problema de salud pública en Venezuela y a nivel global y expresó su preocupación por la persistente ausencia de campañas estatales de prevención del VIH en el país.

Recordó que cuando fundaron la organización en mayo de 2004, lo hicieron precisamente para implementar estrategias comunitarias ante la falta de iniciativas gubernamentales, una situación que, lamentablemente, permanece sin cambios.

“Esto es algo que nos preocupa muchísimo porque vemos que las cifras siguen subiendo”, afirmó León, señalando que en 2023 el Ministerio de Salud reportó que 72.917 personas recibieron tratamiento antirretroviral y que aproximadamente el 74 % de quienes tienen VIH conocen su estatus serológico.

Debilitamiento de la sociedad civil organizada contra el VIH
Aunque los avances permitieron reducir el tratamiento a una sola pastilla diaria, lo que mejoró su acceso y adherencia, León alertó sobre el debilitamiento de las organizaciones civiles que trabajan en esta área en Venezuela.

Como ejemplo, mencionó que en el estado Zulia el número de organizaciones activas disminuyó de siete en 2017 a apenas tres en la actualidad.

A pesar de ello, León resaltó que siguen habiendo organizaciones distribuidas en todo el territorio nacional que brindan apoyo e información a las personas afectadas.