Bloomberg. — El servicio de envíos marítimos a través de couriers dedicados al puerta a puerta en Venezuela se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, mientras las autoridades venezolanas avanzan en un proceso de investigación administrativa.
Las agencias han manejado el anuncio en privado con sus usuarios, quienes recibieron correos electrónicos con la decisión en la última semana. Los encargados de las compañías también se han reunido con el personal para manifestarles la medida previsiva, que en principio no afectará el servicio aéreo.
Una de las empresas dedicadas al transporte de mercancía personal y jurídica desde Estados Unidos a Venezuela avisó a los involucrados que la decisión era implementada tras conocerse un proceso en marcha para la aplicación de nuevas regulaciones por parte de las entidades aduaneras, así como nuevos lineamientos que impactarán directamente en el servicio.
El pasado 30 de junio se venció la Gaceta Oficial que exoneraba el 90% de los aranceles aduaneros y el 90% del Impuesto al Valor Agregado para los productos importados, incluidos en los 1.567 códigos arancelarios listados. Si bien se trataba de una reducción en el número de códigos y exoneración, se daba continuidad a una medida implementada desde hace cuatro años con respecto a los bienes importados terminados.
Sin embargo, otro de los couriers con envíos desde España le comunicó a sus trabajadores que el proceso de suspensión obedece en sí a una investigación por evasiones fiscales y cobros adicionales irregulares detectados por el organismo aduanero, lo que a su vez impulsará la creación de un nuevo sistema de carga, divididas entre cajas marítimas personales y cargas de empresa, el que podría ser comunicado en los próximos días.
Con la implementación de nuevos procedimientos serían decenas de compañías de envíos las perjudicadas, y miles de usuarios.
Latimcargo, una empresa de capital venezolano con sede en Guangzhou, China, además señalada de haber retirado su sede en Caracas, ha indicado a través de sus redes sociales que atraviesa una situación de falta de liquidez así como la renuncia de uno de los socios prioritarios, lo que descapitalizó a la agencia.
Los afectados que han insistido en elevar la denuncia a la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo han vinculado lo ocurrido con la suspensión de envíos marítimos por el resto de las compañías mientras obtienen respuestas por sus casos, que suman más de 50 contenedores.
Ni representantes de la Fiscalía ni del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) respondieron la solicitud de comentarios hecha por Bloomberg Línea.
