La tarde de este martes 9 de abril el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la detención del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami.
En un anuncio de la fiscalía general sobre la segunda fase de investigaciones del caso Pdvsa Cripto, Tarek William Saab mostró a traves de una secuencia fotográfica al ex presidente de la empresa Petróleos de Venezuela siendo detenido, en donde aseguró que El Aissami ya está en manos de la justicia.
Además de El Aissami, cuyo paradero se desconocía desde hace un año -cuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones-, también fue detenido el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Alejandro Zerpa, después de “recientes delaciones de, al menos, cinco testigos” entrevistados por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
“Valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores de empresas de maletín los cuales no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando obviamente un daño patrimonial incalculable en millones de dólares”, acotó el fiscal general.
También fue capturado el empresario Samark José López vinculado de manera directa con El Aissami y Zerpa.
“Esta red usó todo un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas por medio de la adquisición de criptoactivos”, que seguidamente eran usados para obtener bienes, inmuebles e invertirlos particularmente en el sector de la construcción.
Los detenidos serán imputados de los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El Ministerio Público indicó que en relación con el caso están detenidas 54 personas y sobre otras 17 pesan órdenes de aprehensión.
Todos los investigados están relacionados con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde la Fiscalía detectó a una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana. Esta última está a cargo de administrar un conjunto de empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.
“Estos manejos involucraron a tres instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló El Aissami: Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana”, resaltó Saab.
El Aissami —que fue sancionado por Estados Unidos como presunto capo de la droga— vivió un rápido ascenso en el poder durante las últimas dos décadas que lo llevaron a ocupar varios de los más importantes cargos en las áreas de seguridad y economía del gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez y de su sucesor y actual presidente Nicolás Maduro.
Ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores durante el mandato de Chávez (1999-2013) y fue designado por Maduro ministro de Petróleo en abril de 2020. Venía de desempeñarse como vicepresidente de la república bajo el mandato del sucesor de Chávez.
Las acusaciones de Washington contra El Aissami no hicieron mella en su carrera. Por el contrario, fue catalogado como un héroe por el oficialismo. Pero la detención de varios de sus allegados lo arrastró al ojo del huracán.
En momentos difíciles recibió el encargo de diseñar el entramado con el que poder sortear las sanciones de Washington para impedir que la administración de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, al congelar activos internacionales de Venezuela y prohibir a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas.
Entre los 43 detenidos el año pasado, destacaba Joselit Ramírez, un cercano colaborador de El Aissami y superintendente nacional de Criptoactivos, un instrumento usado ampliamente por el gobierno de Maduro para comercializar los recursos petroleros y mineros del país sudamericano en el exterior.
Las autoridades venezolanas no han dicho exactamente cuánto dinero perdió el Estado como resultado de las transacciones clandestinas.
Pero documentos internos de PDVSA obtenidos por The Associated Press el año pasado muestran que a la petrolera estatal se le debían 10.100 millones de dólares hasta agosto de 2022 de 90 empresas comerciales, en su mayoría desconocidas, que surgieron como importantes compradores de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones económicas en una campaña para forzar a Maduro a abandonar el poder.
Otros 13.300 millones de dólares, correspondientes a 241 envíos, se debían directamente al gobierno como resultado de una maniobra contable de PDVSA que reasignó la responsabilidad de cobrar las facturas impagas a la administración de Maduro, en lugar de regalías en efectivo.
Todo el cargamento de petróleo se vendió en consignación con un gran descuento debido a las sanciones, que han ahuyentado a los comerciantes más establecidos. Para evitar a los bancos occidentales, Venezuela empezó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes de trueque o criptomonedas, pero no todos pagaron.
