El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este viernes la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un marco jurídico aprobado ayer por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con el que se busca recuperar bienes relacionados con la corrupción, según reporta Banca y Negocios.
La ley -según la cual el Estado, mediante procedimiento legal, pasará a ser el titular de bienes ilícitos o de origen lícito pero con asociación delictiva- fue aprobada en medio del escándalo por tramas de corrupción reveladas recientemente por las que han sido detenidas 61 personas, entre ellas varios funcionarios.
A juicio de la Sala Constitucional del TSJ, el escrito «contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas».
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), comentó que la ley es una herramienta fundamental para combatir la corrupción y darle un uso útil al bien recuperado, caiga quien caiga.
En el primer capítulo de la norma se establecen las disposiciones generales de la ley, incluyendo la determinación de los bienes que son susceptibles de extinción de dominio. Esta parte se extiende por 15 artículos, los cuales expone la interpretación, naturaleza y transmisión de propiedad de los bienes. El articulado 5 agrega los delitos digitales en los actos ilícitos.
El diputado oficialista Diosdado Cabello (Psuv-Monagas), el principal impulsor de esta ley, explicó ante el pleno de la AN que con esta norma no se reconocerá el derecho a la propiedad privada «cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas», como tampoco los «destinados a esas actividades contrarias a la ley».
Además, el considerado número dos del chavismo aseguró que los recursos recuperados serán destinados al sistema de protección social -a través del cual el Gobierno entrega bonificaciones-, a los servicios públicos, la infraestructura pública, programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
