Roberto Orta Martínez, abogado, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y presidente de Fiabci Venezuela, advirtió que la Ley de Registros y Notarías establece un porcentaje máximo por ese servicio público que es la inscripción del documento en que se transfiere la propiedad o vivienda, reportó Unión Radio.
Denunció que ese arancel pasa a ser de un 5 a 40% del valor de la vivienda, insistiendo en que es un impuesto a la compra que pagan los venezolanos.
Orta aseguró que la gente desiste de estas negociaciones porque no le alcanza y no puede pagar los aranceles, indicando que en ocasiones recurren a un documento privado donde no se traspasa la propiedad.
«Hay una enorme preocupación porque no se pueden comprar las viviendas, primero porque no hay financiamiento y luego porque se consiguen con esta pared» añadió.
Destacó que la gente no está conforme con que esta planilla esté por fuera de los porcentajes establecidos por la ley y que se haya sobrestimado el valor del inmueble.
Desde la CIV recomiendan introducir un recurso jerárquico en el SAREM donde se establece en una carta el valor justo de esa panilla y en muchos casos se ha ajustado a la realidad.
«Eso ha prosperado un poco, pero no sirve para quienes deben vender una propiedad en otras ciudades, es mucho más complicado venir a Caracas» acotó.
El presidente de Fiabci resaltó que el sector inmobiliario lo ocupa el mercado secundario, porque la construcción de inmuebles, sobre todo de viviendas está prácticamente parada con excepción de algunos proyectos pequeños en Caracas.
«El último año ha tomado bastante fuerza el tema de los alquileres, por la falta de financiamientos la gente debe optar por un arrendamiento. Seguimos insistiendo en la reforma de las leyes» señaló.
Tomado de Unión Radio
