La sede del Ministerio para la Energía Eléctrica, ubicada en la urbanización San Bernardino de Caracas, cobijó el inicio del debate nacional sobre la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Este proyecto legal busca garantizar la estabilidad energética de la nación a través de la modificación de 31 artículos y la incorporación de 11 nuevos apartados, tras recibir la aprobación de la Asamblea Nacional en primera discusión el pasado 2 de junio.
El texto legal propone como meta central el robustecimiento de la infraestructura eléctrica en el territorio venezolano. Para ello, la propuesta establece la participación de empresas mixtas en las labores de modernización de las instalaciones y los equipos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El encuentro, desarrollado en el auditorio de la Torre Ministerial, reunió a diversas autoridades del Estado. Entre los asistentes destacaron el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante; el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, Pedro Carreño; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; y el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá. Asimismo, la jornada sumó a directivos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), trabajadores del sector, integrantes de las Mesas Técnicas de Energía y representantes del gremio empresarial.
Posturas institucionales
Durante su intervención, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, señaló que las sanciones internacionales generan un impacto negativo en el sistema eléctrico del país. No obstante, el funcionario ensalzó el compromiso de la clase trabajadora frente a la coyuntura actual. Alcalá precisó que la reforma pretende instaurar un modelo mixto y responsable que sirva al desarrollo de los sectores económicos nacionales.
Por su parte, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, calificó este debate como el primer paso hacia la modernización que requiere el sector. Ramírez indicó que el proyecto posee el respaldo de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y definió la reforma como una estrategia para fortalecer el sistema frente a las medidas coercitivas unilaterales, mediante un plan que otorga un rol relevante a los trabajadores.
