Por MICHAEL CASEY Associated Press
BOSTON (AP) — Un juez federal anuló el lunes la cuota de 100.000 dólares que el gobierno de Donald Trump impuso a las nuevas visas H-1B, contradiciendo un fallo anterior de un tribunal federal que había respaldado el aumento.
El gobierno estadounidense anunció la tarifa más alta como una forma de evitar que trabajadores extranjeros ocupen empleos de estadounidenses.
Pero el juez de distrito Leo Sorokin, en Boston, falló a favor de 20 estados demandantes y anuló la política de visas, tras concluir que el poder ejecutivo excedió su autoridad y violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo las agencias federales elaboran y emiten reglamentos.
“La corte concluye que la política impone un gravamen a las peticiones (de visas) H-1B sin la delegación necesaria por parte del Congreso”, escribió Sorokin.
Las visas H-1B son expedidas para empleos de alta calificación para los que es difícil encontrar trabajadores estadounidenses. Las grandes empresas tecnológicas con amplios recursos son las principales usuarias, y casi tres cuartas partes de las aprobaciones se otorgan a trabajadores de India. Los estados sostuvieron que usar el programa H-1B para cubrir vacantes de médicos y docentes ya era difícil antes de que el gobierno aumentara la cuota.
La mayoría de las solicitudes de visa H-1B cuestan varias millas de dólares, antes de que el aumento anunciado desatara una ola de pánico entre trabajadores, estudiantes y trabajadores confundidos en Estados Unidos y en el extranjero, y diera lugar a varias demandas judiciales.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos también demandó, en un tribunal federal en Washington, DC, y ha apelado la denegación de un fallo sumario contra el aumento de la tarifa. Eso dejó la tarifa más alta en vigor, al menos hasta septiembre de 2026, cuando está previsto que expire. El fallo del lunes también es un fallo sumario, pero en sentido contrario. Otra demanda fue presentada en un tribunal federal en San Francisco, por grupos religiosos y organizaciones laborales, lo que abre la posibilidad de fallos divididos en tres circuitos de tribunales de apelación.
Los estados argumentaron que la política obstaculiza su capacidad para contratar educadores de primaria y secundaria y para dotar de personal a colegios y universidades públicas, además de que frenará la investigación académica y provocará una disminución del personal médico.
“La proclama hace diversas alusiones a objetivos de política económica interna para justificar la tarifa sin precedentes de 100.000 dólares”, escribieron los demandantes en la querella. «Pero la proclama no indica que el presidente haya considerado de algún modo cómo afectaría la tarifa a los estados demandantes ya su capacidad de brindar a sus residentes acceso a educación, atención médica y otras necesidades humanas básicas”.
Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional señaló que la agencia discrepa de “este flagrante activismo judicial que desmantela los históricos esfuerzos del presidente Trump por una reforma migratoria”.
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