WASHINGTON (AP) — Docenas de legisladores demócratas pidieron el martes al gobierno estadounidense que ponga fin a las evaluaciones expeditas de solicitantes de asilo que están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, debido a que consideran que se trata de una “práctica apresurada” que los priva de acceso a asesoría jurídica.
Cuando el gobierno del presidente Joe Biden se aprestaba a iniciar las evaluaciones expeditas en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza hace unos meses, las autoridades prometieron que los solicitantes tendrían acceso al asesoramiento jurídico, una diferencia crucial con la política implementada en la presidencia de Donald Trump. Hasta el momento, esa promesa no se ha cumplido.
Un grupo de abogados calcula que un centenar de migrantes tuvieron representación formal en los primeros tres meses de aplicación de la norma, informó The Associated Press el mes pasado, y algunos cientos más han recibido asesoría informal mediante llamadas telefónicas antes de las evaluaciones expeditas. Esto es apenas una pequeña fracción de las miles de evaluaciones hechas desde principios de abril, aunque las autoridades no han revelado un conteo preciso.
La carta dirigida a los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la cámara baja, dice que realizar las entrevistas sobre “temor creíble” apenas 24 horas después de arribar al lugar de detención, era “esencialmente problemático”, sobre todo sin acceso a un abogado.
“Dar a la gente una resolución justa —lo que incluye tiempo suficiente para obtener pruebas, preparar argumentos y conseguir y trabajar con un abogado— es crucial, en particular para gente que huye de amenazas a su vida o torturas”, dice la carta.
Entre los firmantes se encuentran el presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos del Senado para la Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, Alex Padilla; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez; y la presidenta de la Bancada Hispana del Congreso, Nanette Barragán.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que ha tomado medidas importantes para garantizar un proceso “seguro y eficiente” para los solicitantes de asilo que incluye el acceso a cabinas telefónicas para consultas con abogados, entre otras personas.
En tanto, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dijo el martes que dejará de atender a los solicitantes de asilo que están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza “después de más de dos meses de tratar de superar la obstrucción del gobierno de Biden que hizo que fuera imposible proporcionar información y representación jurídica significativa”. El grupo señaló que ha representado a unas 30 personas desde que se implementó la nueva política.
Incremento evaluaciones expeditas
El gobierno incrementó las evaluaciones expeditas tras poner fin a las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, la llamada autoridad del Título 42, e impuso nuevas normas que dificultan solicitar asilo si no se hace desde fuera de Estados Unidos, o si no se pide protección en los países que los solicitantes atraviesan en su camino hacia Estados Unidos.
La proporción de personas que aprobaron las entrevistas de asilo cayó al 60% en la primera quincena de julio, cuando se incrementó el proceso expedito, comparado con el 77% en la segunda quincena de marzo, antes de que comenzara.
Defensores de los inmigrantes han criticado al gobierno porque dicen que las nuevas normas hacen caso omiso de las obligaciones de dar asilo consagradas en las leyes estadounidenses e internacionales. Por su parte, los que respaldan las restricciones critican a las autoridades por su exceso de generosidad a través del sistema de turnos por internet, que admite hasta 1.450 personas por día, y del permiso humanitario para hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
