Eudiven Villarreal
El pasado 12 de junio, el gobierno de Venezuela y Estados Unidos confirmó que el ataque cinético contra el complejo del Tren de Aragua se ejecutó en plena colaboración con las fuerzas locales.
En una declaración oficial que marcó un hito en la estrategia de seguridad regional, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos (Department of War) confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fundador y máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA).
El deceso de Guerrero Flores se produjo tras un «ataque cinético» dirigido contra un complejo estratégico de la banda en territorio venezolano. El anuncio formal fue realizado a través de las plataformas del Departamento de Guerra bajo la dirección del Secretario, Pete Hegseth, quien calificó la operación como un éxito contundente dentro de los planes de pacificación del hemisferio.
“La operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de llevar la lucha a los narco-terroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”, destacó el comunicado oficial.
Provea
Frente a esta situación la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Estado venezolano ofrecer información detallada sobre el megaoperativo militar que se llevó en el sur del estado Bolívar.
Para la ONG la lucha contra el crimen organizado debe llevarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, donde se garantice la seguridad a la población y consecuente al lineamiento no se pueda desarrollar sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional.
Alegan que el país tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación coordinada entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez en territorio venezolano, específicamente al sur del estado Bolívar, lo que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero (alias «Niño Guerrero»), considerado el líder del grupo criminal Tren de Aragua.
Dada la información disponible, este hecho constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial, señala el articulo presentado por Provea.
El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas.
El pasado 9 de junio, solicitamos a la administración de Delcy Rodríguez que informara al país sobre el alcance de estos operativos militares realizados en el estado Bolívar, el número de personas posiblemente detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área. Sin embargo, las autoridades no brindaron ninguna información sino hasta que pudo conocerse la acción militar por parte de voceros de la Casa Blanca.
PROVEA ha alertado históricamente sobre los patrones observados en operativos como las OLP o la Operación Trueno. Se debe insistir con contundencia en que la acción del Estado no puede traducirse bajo ninguna circunstancia en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales.
Extractivismo sin control y violencia
La violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad. El control territorial no puede recuperarse a costa de los derechos fundamentales de la población civil.
Recordamos que la creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional.
La actuación pendular del Estado pasa de la absoluta ausencia a la irrupción violenta a través de sus agentes de seguridad.
Ha sido evidente el deterioro creciente del medioambiente a causa de la explotación ilegal del oro en una zona minera nombrada por el Estado venezolano como Arco Minero del Orinoco, en donde convergen grupos civiles armados y organizaciones gubernamentales en pugna sangrienta por los yacimientos.
Exigencias
Tras lo ocurrido, el fiscal general Larry Devoe también debe dar explicaciones al país: ¿Tuvo conocimiento el Ministerio Público sobre este operativo? ¿Ya designó fiscales para investigar los hechos? ¿Se está actuando con sujeción al Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas aprobado por el Ministerio Público en 2012? ¿Se abrirá una investigación conforme a lo establecido en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas?
La Defensora del Pueblo también debe ofrecer explicaciones: ¿Solicitó actuar para garantizar que la operación militar, que se conoció desde inicios de esta semana, se desarrollará con respeto a los derechos humanos?
La desarticulación de bandas criminales y la recuperación del control territorial son obligaciones del Estado, pero nunca pueden servir de carta blanca para violar los derechos humanos. Exigimos transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales que han enlutado a los sectores más vulnerables del país.
Es absolutamente inaceptable que, bajo el actual modelo de tutelaje, se cometan actuaciones al margen de los estándares internacionales y nacionales que salvaguardan los derechos humanos, y que la complacencia de la actual administración abra la puerta a nuevos hechos violatorios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La lujosa casa de jefe de banda fue saqueada en zona minera en Venezuela tras operación militar
Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, también está repleto de oro, diamantes, coltán y tierras raras. Una gran parte de las zonas auríferas, en particular su rico Arco Minero (112.000 km2), se encuentran aisladas, muy lejos de las grandes ciudades, y están controladas por bandas armadas o por guerrillas.
El pasado lunes, el ejército lanzó una gran operación para desalojar a las bandas criminales de Las Claritas, una inmensa zona de extracción aurífera.
En abril, Venezuela adoptó, bajo presión estadounidense, una nueva ley de minería destinada a atraer inversionistas privados y en particular extranjeros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que Niño Guerrero murió en un ataque militar conjunto con Venezuela. Mientras que «Humbertico» huyó de su residencia.
De igual manera, el mandatario estadounidense anunció el 3 de enero la captura del presidente Nicolás Maduro.
La propiedad de «Humbertico», dominada por un mirador, se extiende sobre varias hectáreas. Cuenta con sauna, discoteca al aire libre, un pequeño zoológico y una arena para peleas de gallos, la pasión de este hombre.
La «finca» refleja el lujo en el que vivía este cabecilla, fruto de la extorsión que practican en estas zonas las pandillas criminales, conocidas en el país como «sindicatos».
«Agarren todo»
Toda la propiedad está equipada con una red de cámaras de vigilancia.
«Hasta en la mata de mango hay cámaras», exclamó una anciana bajo condición de anonimato. Afirmó que el «gallo estrella» de «Humbertico» «valía 40.000 dólares».
Dentro de la casa, las habitaciones fueron vaciadas. Colchones destripados, puertas arrancadas. Los cristales de las ventanas rotas cubrían el suelo.
«El Sebin (servicio de inteligencia militar que se desplegó durante la operación militar) entró y le dijo a la población ‘vengan y agarren todo, porque después esto lo quemamos'», contó la mujer.
La propiedad también cuenta con perreras, pocilgas, caballerizas y varios edificios destinados a la cría de animales.
El olor es pestilente, con cadáveres de animales en descomposición.
La anciana espera el regreso del «patrón». Como otros habitantes de la zona, elogia las virtudes de «Humbertico», que al igual que el narco colombiano Pablo Escobar o muchos jefes de organizaciones criminales, hacía gala de generosidad, ayudando a los más necesitados.
«Este hombre era una maravilla. Si alguien violaba o mataba, él se encargaba directo. No era el caos que hay hoy: ahora sí estamos sin ley aquí», afirmó, al recordar que las bandas se imponen en los sectores que controlan. Y que estas zonas están libres la criminalidad que no cometen ellos.
No todos los habitantes son tan elogiosos. Algunos hablaron de un «régimen de terror». La caída de los cabecillas no ha borrado el miedo.
El sábado, algunas personas devolvían a la propiedad los bienes saqueados.
El Callao en riesgo por desplazamientos
Tras los recientes acontecimientos registrados al sur del país, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, fijó una postura institucional enfocada en la vulnerabilidad de los municipios mineros, los cuales asegura son las principales víctimas de un modelo de desarrollo que fracasó estructuralmente.
El mandatario local advirtió sobre el inminente riesgo de una crisis humanitaria mayor debido a los desplazamientos de población ante los operativos militares a gran escala que generan incertidumbre y temor en la zona.
Explicó que El Callao ya ha vivido un impacto demográfico desproporcionado, pasando de 30 mil a más de 100 mil habitantes en los últimos años, lo que trajo como consecuencia que la ya difícil situación de los servicios públicos se haya convertido en crítica.
“Mi preocupación principal como alcalde es el resguardo de nuestra gente y la capacidad de respuesta de nuestro municipio. Si a raíz de esta situación delictiva y los movimientos en las zonas mineras se desplazan 5 o 10 mil personas más hacia el casco urbano de El Callao, nos enfrentaremos a un colapso total. Hoy tenemos los servicios en el suelo: sufrimos la peor crisis de electricidad, graves deficiencias de agua potable, vialidad destruida y un hospital que no cuenta ni con ambulancias porque el Gobierno nacional no ha desarrollado un plan real de inversión en servicios públicos para nosotros”, alertó la autoridad municipal.
El fracaso del Arco Minero y la defensa del minero honesto
El alcalde fue enfático al señalar que el diseño del Arco Minero del Orinoco no trajo el progreso prometido, sino destrucción ambiental, ecocidio y desatención comunitaria. Sin embargo, aclaró que la solución no es criminalizar la actividad minera, sino transformarla de raíz.
“Nuestra cultura, nuestra historia y nuestra economía dependen de la minería. Aquí vamos a vivir de la minería, no de otra cosa, pero de una minería digna. El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a la gente orientación, organización, financiamiento y zonas seguras y aptas para trabajar. Hay que empezar a humanizar la minería en el sur de Bolívar”, afirmó.
Asimismo hizo una defensa pública del trabajador de la zona: “El gobierno debe proteger el derecho a la vida del minero. No todos los mineros son delincuentes, la inmensa mayoría son padres de familia honestos, trabajadores que buscan el sustento diario y que han emigrado de toda Venezuela hacia estos municipios en busca de una oportunidad, inspirados en el mito de El Dorado”, destacó.
El burgomaestre hizo un llamado formal y urgente al Ejecutivo para que asuma la responsabilidad de ordenar la actividad minera en el estado Bolívar, enfocándose en el bienestar de las comunidades locales y no solo en la extracción de recursos.
Lugo insistió en que la seguridad ciudadana debe ir acompañada, obligatoriamente, de inversión social, dotación hospitalaria y mejora de los servicios básicos para evitar que el sur de la nación continúe sumido en una crisis de gobernabilidad y abandono.
Reacciones en Redes Sociales
La desarticulación de bandas criminales y el control de una zona a manos de la corrupción generaron una creciente reacción en las redes sociales, donde, a pesar de la ejecución de un criminal como el “Niño Guerrero”, se conllevó una acción de síndrome de Estocolmo en la cual sus mayores víctimas optaron por defender a su cruel verdugo con videos e imágenes en las que adjudica que los mismos ayudaban a la comunidad.
