El Parlamento venezolano ha puesto el foco en un conflicto que escala diariamente en los centros urbanos del país: el costo del resguardo de vehículos en estructuras privadas. Durante la sesión ordinaria de este martes, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, propuso una revisión exhaustiva de las tarifas de los estacionamientos, un sector que, según denuncias ciudadanas, opera bajo una opacidad regulatoria que castiga el bolsillo del usuario.
La propuesta, que busca «revisar, corregir y fiscalizar» el esquema de cobros, no pretende ser un simple exhorto. Infante ha solicitado que la Comisión Permanente de Administración y Servicios tome medidas legales inmediatas en una acción coordinada con el Ministerio de Transporte, el INTT y el Ministerio de Comercio Nacional. El objetivo declarado es «proteger al pueblo» ante lo que el legislador calificó como cobros desmesurados y falta de supervisión.
La iniciativa legislativa surge tras una oleada de quejas que han inundado las redes sociales y los despachos parlamentarios. Los ciudadanos denuncian una disparidad de tarifas que parece no obedecer a criterios técnicos uniformes. «Hemos sido víctimas del cobro desmesurado. No ha habido supervisión sobre eso y esta Asamblea debe traer el tema a colación», subrayó Infante, posicionando al Legislativo como el árbitro de una disputa que afecta la movilidad y la economía doméstica en este marzo de 2026.
Sin embargo, el debate no es unidireccional. Mientras una parte de la población clama por una regulación de precios, otro sector —incluyendo usuarios y empresarios— sostiene que el costo del servicio guarda una relación directa con la calidad, la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras que han debido actualizarse tecnológicamente. Para los defensores del libre mercado, la intervención estatal podría derivar en una desinversión que afecte la seguridad de los vehículos; para los críticos, existe una clara sobrevaloración del espacio de aparcado.
