La administración del presidente Joe Biden anunció que a partir del 11 de mayo los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que sean detenidos por cruzar la frontera de manera irregular serán deportados a México, y además se les prohibirá entrar al país por cinco años, como parte de las medidas establecidas en el Título 8, que reemplazará al polémico Título 42.
La información viene contenida en un correo electrónico del departamento de Estado de EEUU, que informó unas medidas este jueves 27 de abril para intentar de reducir el flujo migratorio hacia su frontera con México a partir de mayo, cuando se suspende el Título 42, una norma migratoria que permite las expulsiones en caliente.
Abrirá centros para migrantes en Colombia y Guatemala
El gobierno estadounidense anunció también este jueves que abrirá centros de atención en Guatemala y Colombia para buscadores de asilo que pretenden dirigirse a la frontera entre Estados Unidos y México, con el fin de evitar un previsto aumento del flujo de migrantes a medida que terminan las normas impuestas durante la pandemia de COVID-19.
Los centros migratorios forman parte de un intenso intento de evitar que miles de personas realicen la peligrosa travesía a la frontera sur estadounidense cuando terminen las restricciones el 11 de mayo.
“Éste es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas”, declaró el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en conferencia de prensa sobre los pasos a tomar antes del plazo del 11 de mayo.
Mayorkas advirtió que ni los migrantes ni los traficantes deben interpretar el fin de las restricciones como que la frontera está abierta: ”Que quede bien claro: Nuestra frontera no está abierta ni lo estará después del 11 de mayo”.
Sin embargo queda por ver si los centros de procesamiento y otras medidas, como trámites agilizados para solicitudes de asilo y operativos contra redes de tráfico de personas, lograrán frenar la oleada de migrantes procedentes de países azotados por problemas políticos y económicos.
El gobierno del presidente Joe Biden, fustigado por republicanos que describen la frontera como totalmente abierta y desprotegida, ha advertido repetidamente que el fin de las restricciones no significa que los migrantes deberían tratar de ingresar a Estados Unidos, al tiempo que también han estado buscando otras rutas para la migración.
El tema de la migración ha afligido a Biden a lo largo de su presidencia. Líderes del Partido Republicano lo han criticado por mostrarse blando respecto a la seguridad fronteriza, pero grupos en defensa de los migrantes afirman que el gobierno ha abandonado los esfuerzos humanitarios al establecer medidas más estrictas destinadas a evitar que los migrantes ingresen al país sin autorización legal.
Al tiempo que anuncia que buscará la reelección de 2024, Biden trata de lograr un equilibrio que luce complicado, particularmente si los migrantes saturan las instalaciones fronterizas una vez que las restricciones terminen. El gobierno federal también ha señalado repetidamente al Congreso, afirmando que no ha podido llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral.
En una llamada con los periodistas, tres altos funcionarios de Washington proporcionaron detalles sobre los centros de migración, así como otras medidas que toma el gobierno de Biden.
Hasta ahora, los centros estarán ubicados en Colombia y Guatemala y se anunciarán otros países en las próximas semanas, aseveraron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con los reporteros antes del anuncio público.
El Ejecutivo también informó la creación de centros migratorios en Colombia y Guatemala, donde las personas podrán acceder a algunas vías legales de migración, como obtener el estatus de refugiado, programas para reunificación familiar y permisos laborales.
«Estableceremos centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala, pero estamos en conversaciones con otros países» de América Latina para abrir más, afirmó la funcionaria.
Otro de los anuncios hechos por EEUU es que aceptarán migrantes, al igual que España y Canadá, cuyos casos sean gestionados por vía legal a través de centros de tramitación en países de Latinoamérica, como Colombia y Guatemala.
