Associated Press
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que fue consignado ante una Corte de Apelaciones un escrito, conocido como “amicus curiae” (amigos de la corte), para exponer la visión de las autoridades mexicanas sobre esa polémica norma, a la que calificaron como violatoria de derechos humanos.
Al hablar de los alcances de la acción, Bárcena informó más temprano en la conferencia presidencial matutina que México busca plantear sus “puntos de vista” sobre esa ley y aseguró que la norma es “profundamente inconstitucional porque el tema migratorio en Estados Unidos es federal”.
México sostiene que la ley de Texas puede conducir al “acoso, detención, expulsión y criminalización indebida” de mexicanos e individuos de apariencia latina, detonar un “ambiente de incertidumbre” e impactar en la colaboración y diálogo sobre asuntos fronterizos y en el comercio entre los dos países, señala un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La canciller reiteró que no se permitirá “ninguna acción” de las autoridades ni policías de Texas contra los mexicanos que residen allí, que estimó que alcanzan a 26% de la población, e indicó que los 11 consulados mexicanos tienen instrucciones para brindar protección y orientación a sus ciudadanos.
Esta semana tres jueces de esa misma Corte de Apelaciones suspendieron temporalmente la ley, tras una decisión que emitió la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió que la legislación entrara en vigor el martes durante varias horas.
De acuerdo con la ley de Texas, una vez que los migrantes están bajo custodia por cargos de ingreso ilegal, pueden aceptar la orden de un juez de abandonar Estados Unidos o enfrentar un proceso judicial. Pero México ha dicho que se negaría a recibir a cualquiera a quien se le ordene cruzar la frontera.
$110 a venezolanos retornados
“Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos”, señaló el miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que en México “no aceptaríamos deportaciones”.
Por otra parte, Bárcena informó en la conferencia presidencial matutina los detalles del convenio que suscribieron a inicios de mes los gobiernos de México y Venezuela para atender a los migrantes venezolanos que están siendo repatriados a su país de origen en el marco del programa “Vuelta a la Patria”, que mantiene desde hace años la administración de Nicolás Maduro.
Al respecto, la canciller dijo que se tienen acuerdos con la empresa venezolana Polar y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), así como con las compañías mexicanas Bimbo y FEMSA, para que den empleos a los venezolanos que vuelven a su país.
El gobierno mexicano se comprometió a dar un estipendio de unos 110 dólares al mes por seis meses a los venezolanos incluidos en el programa de repatriación, aunque no se precisó de donde saldrán los recursos ni el total de beneficiarios hasta la fecha.
Bárcena adelantó que México también está haciendo convenios con Colombia y Ecuador para retornar a sus nacionales a sus países de origen, pero no ofreció detalles.
