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domingo, mayo 19, 2024
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Deudos de asesinados en protestas contra presidenta de Perú amanecen frente al Palacio de Justicia

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LIMA (AP) — Los familiares de los asesinados en las manifestaciones de 2022 y 2023 contra la presidenta peruana Dina Boluarte amanecieron el jueves frente al Palacio de Justicia como una forma de protestar por la lentitud en la investigación sobre las decenas de muertes.
“El Palacio de Justicia es un palacio de la injusticia, por eso hemos hecho nuestra vigilia para que este palacio pueda atender las demandas de los pueblos quechuas, aymaras y chankas, para así buscar que los funcionarios se sensibilicen ya que merecemos el mismo trato que se tiene aquí en la capital”, dijo a The Associated Press Raúl Samillán, presidente de la asociación de familiares de los fallecidos.
Los familiares de las víctimas —madres, viudas, hermanas e incluso niños huérfanos— llegaron el miércoles desde el sur de los Andes, la zona donde ocurrieron casi la totalidad de las fatalidades y a unos 800 kilómetros de distancia para iniciar una protesta de tres días.
La víspera los familiares, muchas de ellas mujeres, participaron en una marcha por el Día del Trabajo y fotógrafos de diversos medios, retrataron cómo fueron agredidas por la policía con varas y golpes de escudos.
“Queremos hacer ver en Lima que en las regiones de donde provenimos no hay justicia, no se escucha el pedido de las víctimas. Lamentablemente los medios de comunicación no dan a conocer todo lo que nos ha tocado vivir, de qué manera va el avance en las investigaciones, las dificultades que se tiene”, añadió.
Samillán dijo que desde inicios de año buscan conversar con el fiscal general Juan Villena, pero que pese a que se trata de uno de los casos más importantes en Perú y pedirle una cita formal no los ha recibido. “Hubo una masacre y hay más de mil heridos”, indicó el dirigente.
Los informes de organismos internacionales destacan que durante las protestas contra el gobierno de Boluarte se registraron 49 civiles muertos, casi todos a causa de armas de fuego o perdigones y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo. Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. La mayoría de las muertes se produjeron en Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac, tres regiones de los Andes con población mayoritariamente indígena.
Los familiares de los asesinados afirman que existen 59 carpetas de investigación fiscal a cargo de un equipo especial, pero que todas las investigaciones se realizan en Lima, lo cual perjudica a los familiares de los afectados que deben viajar a la capital para los trámites.
A fines de 2023 la fiscalía general denunció a la presidenta Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves ante el Congreso, pero esa denuncia no prosperará, según la ley, hasta que la mandataria concluya su gobierno en 2026.
Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se iniciaron el 7 de diciembre de 2022, el día en que asumió el poder luego de que el anterior mandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y encarcelado después de que intentara disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Las manifestaciones se sucedieron hasta marzo de 2023 sobre todo en las regiones del sur peruano, de mayoría indígena y donde Castillo había arrasado en las elecciones presidenciales de 2021.
La presidenta tiene 7% de aprobación y 88% de impopularidad, tras 16 meses de iniciada su gestión, según una encuesta de abril de la firma Datum. El sondeo se realizó sobre una muestra de 1.209 personas entre el 5 y 8 de abril.

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